El gobierno de la provincia de Buenos Aires elevó este lunes a las autoridades de YPF su respuesta al ultimátum que le dio la compañía para definir si adhiere o no, al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). En conferencia de prensa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respondió al pedido que recibió del titular de la petrolera Horacio Marín, y aseguró: “La provincia de Buenos Aires trabajó para que esto ocurriera desde hace años, y nada de esto es nuevo ni surge ahora. Es algo que supera a YPF y a la Provincia, es algo nacional”.
“Se me consulta sobre decisiones que tiene que tomar el municipio de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos por el Concejo Deliberante. Sería malo, además de ilegal, que yo diga qué es lo que vamos a hacer cuando son decisiones que no están en cabeza del ejecutivo provincial”, adelantó el mandatario y agregó: “No aventuramos posiciones que superan el alcance de nuestras normativas”.
La adhesión al reciente mecanismo de facilidades es una condición de la compañía para avanzar en la construcción de una planta de gas natural licuado, que podría instalarse en Bahía Blanca e implicaría unos 30.000 millones de dólares de inversión. Buenos Aires se disputa el proyecto con Río Negro. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, ya formalizó la adhesión de su provincia al RIGI. Kicillof, en tanto, se opone al instrumento que logró aprobar en el Congreso el gobierno del presidente Javier Milei y hoy evitó dar una definición. Insinuó que depende de lo que resuelva el municipio de Bahía Blanca, cuyo intendente es Federico Esteban Susbielles, de Unión por la Patria.
“Son cosas en las que podemos ponernos a disposición, pero no resolver con una carta el día de hoy. Hay una voluntad y una vocación de las empresas de realizar el proyecto”, marcó, refiriéndose así a la firma Petronas, de Malasia, que tiene a cargo la inversión, y a YPF, su socia local.
En el gobierno bonaerense subrayaron la postura de que el acuerdo entre la Provincia y Petronas es previo al RIGI. “La negociación ya estaba acordada hace tiempo, sin necesidad del RIGI. [El ultimátum para la adhesión al régimen] Es un intento más de disciplinar a la Provincia”, afirmó un hombre que transita a diario los despachos de la gobernación, que agregó que “llevar la planta a Río Negro implicaría una inversión adicional de más de 6000 millones de dólares”.
LA NACIÓN