user “Garantiza el derecho a la comunicación que tienen todas las personas detenidas, que solo están privadas de su derecho a la libertad pero no de otros derechos”, informó Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El protocolo fue implementado en marzo de 2020 durante la pandemia por una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenó habilitar los celulares luego de que se restringieran las visitas para evitar los contagios en las cárceles.
En el texto afirman que el protocolo llevado a cabo tenía “pautas rigurosas de uso”, que restringían la utilización de los celulares a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares.
Además, se estableció un Registro de celulares que identifica a cada usuario, donde solo permitiría el acceso a WhatsApp.
En las últimas horas se reactivó el debate en redes, debido a que Mónica Cid publicó en su cuenta de Facebook una serie de imágenes donde se la ve a ahora Yoana Luna, utilizar el teléfono en el servicio penitenciario.
“El protocolo está muy bien pensado e implementado y se controla su aplicación y el uso de los teléfonos. Vino a ordenar lo que antes ocurría de manera ilegal que era la circulación de celulares prohibidos, muchas veces vendidos por los propios agentes penitenciarios y que no tenían ningún control”, afirmó Cipriano García.
“Poder estar en contacto permanente con los seres queridos logra que todos estén más tranquilos y eso a logrado reducir los hechos de violencia, entre ellos los homicidios internos, que en el último año fueron 5 contra más de 35 se años atrás”, agregó.
“En el caso del uso de los celulares, sé que hay personas privadas de la libertad que es la única comunicación que tienen con sus familias, pero en el caso de los groomers tendría que haber una excepción porque lo utilizan como una herramienta para captar y matar a nuestras infancias”, destacó la mamá de Micaela Ortega.
Según el secretario de CPME, en la provincia de Buenos Aires no crecieron los delitos cometidos por detenidos con sus celulares y cuando ocurre alguno se identifica rápidamente por estar registrado. “Las estadísticas del propio poder judicial y la procuración general que dirige Julio Conté Grand, confirman esto que decimos ya que no registran el crecimiento de estos delitos”.
Mónica pidió reveer esta situación, “Luna está con un celular nuevamente y puedo sentir que se burlaron de mi y de mi hija. Me hicieron sentir que Mica no está descansando en paz”.
El proyecto de diputados que busca prohibirlo
Según el texto publicado en iprofesional, “tanto el ingreso como la utilización de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios, atento a la escalada del narcotráfico reflejado diariamente en los actuales acontecimientos públicos, es sin duda uno de los problemas más graves y complejos del sistema federal penitenciario, especialmente por las consecuencias que dicha utilización ha generado”.
“Los celulares se utilizan invariablemente como guía eficaz y coordinación de prácticas ilícitas por parte de organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las prisiones, estos dispositivos adquirieron, a lo largo de los años, estatus de armas poderosas en manos de los criminales”.
El documento establece que será reprimido con prisión de 1 a 3 años el que introdujera o hiciere introducir en el establecimiento penitenciario o lugar donde se encuentre alojado algún detenido o internado, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan comunicación con el exterior o cualquier otro elemento que ponga en peligro la seguridad de terceros, los detenidos, internados y del personal.
Si fuera un abogado, procurador, empleado o funcionario público, miembros de las fuerzas policiales, de seguridad, armadas o penitenciarias, la pena será de 1 a 4 años, además y se aplicará inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio.
Además, para el caso de los internos, serán sancionados con una pena de prisión de 2 a 5 años, y además la prohibición del ingreso al régimen de libertad asistida.
